ANA VÁSQUEZ

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La batalla por los Refugios de Mujeres

Esta semana recibimos con preocupación la lamentable noticia de la cancelación de la “Convocatoria Pública para la Asignación para la Prestación de Servicios de Refugios para Mujeres, sus Hijas e Hijos, que Viven Violencia Extrema”, operada desde 2001 por la Secretaría de Salud Federal. Lo anterior a partir de la “Circular 1” emitida el pasado 14 de febrero por la Oficina de la Presidencia, donde se instruye a las dependencias el no transferir recursos a organizaciones civiles, arguyendo que la intermediación ha originado corrupción, opacidad y discrecionalidad.
De acuerdo al Instituto Simone de Beauvoir, se calcula que de concretarse dicha decisión, se pondría en riesgo la vida de más de 20 mil mujeres con sus hijas e hijos, víctimas de violencias extremas. Ante tal anuncio, las redes sociales se llenaron de voces de rechazo y desconcierto, una de las primeras, la de Lydia Cacho, quien con toda convicción ha respaldado el trabajo de la sociedad civil en el tema de refugios.
La periodista señaló que han sido 19 años de trabajo ciudadano para crear modelos de atención, certificaciones, transparencia absoluta, convocatorias reguladas, convirtiéndolo en uno de los modelos de coinversión social más exitosos en el país, que incluso ha sido modelo para otros países.
Particularmente, defendió el trabajo de la Red de Refugios, con presencia nacional en cinco regiones, (no así en todas las entidades, como es el caso de Oaxaca), mediante la cual se han logrado salvar más de 500 mil vidas. En Oaxaca actualmente solo está en funciones el refugio “8 de marzo”, en Juchitán, operado por el Grupo de Mujeres 8 de Marzo.
La Comisión Nacional para los Derechos Humanos expresó públicamente su preocupación al respecto, y enfáticamente exigió a autoridades federales “sujetar sus decisiones a los mandatos constitucionales”, recordando la Recomendación 19 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la obligatoriedad del Estado de ofrecer servicios destinados a las víctimas en el hogar.
Por otra parte, cabe mencionar que la implementación de Refugios y Albergues, está contemplado en la implementación de los resolutivos de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, porqué si no ¿cómo resguardamos a las mujeres y sus hijas e hijos en riesgo?
Es evidente que una medida así implicaría un retroceso gravísimo en materia de Derechos Humanos, más aún ante la crisis de violencia feminicida que azota a nuestro país. Basta recordar que 7 de cada 10 mujeres en México han sido víctimas de algún tipo de violencia, y que solamente el año pasado fueron asesinadas 3580 mujeres. Además, cortar el recurso para refugios tendría un costo político muy alto para la nueva administración, considerando que su electorado es de tendencia izquierdista, que tradicionalmente ha sido una corriente ideológica más cercana a la causa de las mujeres.
La Diputada Presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briceño Zuloaga, aclaró que si bien en el oficio publicado se habla de “suspensión” del subsidio, no de “eliminación”, desde el Congreso se ha iniciado un diálogo con el Gobierno Federal para garantizar que se hagan efectivos los recursos para los refugios. Por su parte, el Presidente del Senado, Martí Batres, expresó su solidaridad con la causa de las mujeres y llamó a la revisión de la decisión de cortar el apoyo a refugios.
Horas más tarde el comunicado de la Secretaría de Salud, reviró la “suspensión” enfatizando que no se retirará el apoyo a refugios, sino que el proceso administrativo se encuentra en “revisión”, pues los 346 millones asignados se encuentran garantizados a través del Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Veremos qué pasa en las próximas horas. Lo que es claro es que las mujeres de todo el país no permitiremos ni un paso atrás en los mecanismos a favor de la protección de nuestros derechos, que con tanto trabajo han sido ganados. Si el problema de fondo es evitar la intermediación de las OSC’s, el Gobierno Federal deberá buscar métodos de auditoría y fiscalización que satisfagan sus dudas, porque de momento no podría prescindir de ellas, ya que no cuenta con su especialización. Esperemos que el diálogo nos conduzca a acuerdos que fortalezcan el trabajo conjunto y la aplicación de los recursos, pero tiene que ser rápido porque la violencia no cesa, ni hace pausas.

Ana