ANA VÁSQUEZ

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Las mujeres en los primeros 100 días

Se cumplieron los primeros 100 días de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y la aprobación ciudadana le favorece ampliamente. Basta decir que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos, avalan su gestión, las acciones que se han tomado, así́ como su estilo de gobernar. Sin embargo, en materia de género se anunciaron medidas controversiales, que pusieron de manifiesto un área de oportunidad que sin duda marcará esta administración.

Recordemos que el planteamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, propuso eliminar los dos programas más importantes para la operatividad de las instancias estatales y municipales de las mujeres: el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres (PAIMEF), el cual provee de recursos para la realización de acciones de prevención y atención de mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos. También venían originalmente recortes sustantivos en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad, con el que se realizan metas para la promoción de los derechos de las mujeres y de implementación de la perspectiva de género en la política pública. Así mismo recortes a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Afortunadamente, el Presidente fue sensible al tema y escuchó eventualmente al movimiento organizado de mujeres feministas desde las OSC’s y desde el sector público, por lo que la mayor parte de estos presupuestos fueron rescatados.

El problema es que luego vino la eliminación del programa de estancias infantiles, que desde el PEF ya presentaba una reducción presupuestal del 46%, para finalmente en febrero cesar la entrega de los recursos a las y los titulares de las 9582 estancias en el país.

En su lugar aparece el 28 de febrero el “Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras”, según el cual se establecerá un padrón de madres trabajadoras y sin seguridad social para que se les entreguen 1600 pesos por cada hijo menor de 4 años, con el objetivo de evitar intermediaciones y tener un mayor control de los recursos, algo en lo que estamos de acuerdo. Sin embargo, la implementación pudo hacerse de manera escalonada para evaluar su funcionamiento por etapas y no dejar descobijadas a madres de familia que dependían de un servicio que ya conocían y en el que confiaban. Este año veremos cómo funciona la aplicación de dicho programa.

Hace varias semanas también surgió la polémica en torno el tema de los refugios con la cancelación de la “Convocatoria Pública para la Asignación para la Prestación de Servicios de Refugios para Mujeres, sus Hijas e Hijos, que Viven Violencia Extrema”, operada desde 2001 por la Secretaría de Salud Federal; esto a partir de la circular No 1 emitida el pasado 14 de febrero por la Oficina de la Presidencia, donde se ordena a las dependencias no transferir recursos a organizaciones civiles, argumentando que la intermediación ha originado corrupción, opacidad y discrecionalidad. Sin duda, cualquier programa o acción apoyada por dinero público debe ser transparente, eficiente y supervisado. Pero cortar de tajo recursos para OSC’s que operan refugios pondría en riesgo la vida de más de 20 mil mujeres con sus hijas e hijos, víctimas de violencias extremas, situación impensable ante una crisis de violencia feminicida que azota a nuestro país.

Basta recordar que 7 de cada 10 mujeres en México, han sido víctimas de algún tipo de violencia, y que solamente el año pasado fueron asesinadas 3580 mujeres. No creo que sea momento de “prescindir” de la sociedad civil, al contrario, hay que fortalecer los mecanismos de colaboración y elevar al más alto estándar los servicios de los 70 refugios que existen a nivel nacional en coparticipación con el Estado, y promover nuevos refugios, puesto que no son suficientes.

Hay que reconocer que el 6 de marzo vimos un golpe de timón, con la presentación del Plan General para Erradicar la Violencia contra Niñas y Mujeres, el cual plantea medidas de prevención en sitios públicos, sistemas de atención a víctimas y el fortalecer la articulación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para su actuación inmediata a fin de evitar más desapariciones y muertes de niñas y mujeres.

También incluye una estrategia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para crear ciudades seguras y se desarrollarán apps para identificar zonas de alto riesgo.

En principio muestra voluntad y dirección, lo cual es muy bienvenido. Esperemos a ver cómo se va desarrollando. Ahora bien, quedan grandes pendientes como la necesidad de modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fortalecer el mecanismo de las Alertas de Violencia de Género, con una asignación de recursos que permita atenderlas primero en su carácter emergente y posteriormente como una política pública de largo plazo. Así también, las Unidades de Género en la Administración Pública Federal y Estatal requieren de un presupuesto que les permita promover la cultura institucional de la igualdad, y combatir la discriminación y la desigualdad que son las raíces de la violencia.

Finalmente, creo que el Presidente y el equipo que le apoye a impulsar la agenda de género tienen el gran reto de fortalecer la política pública de género en toda su administración, para que la igualdad sea ponderada como un eje de desarrollo y no como un asunto propiamente de las instancias de las mujeres, y esto sólo puede hacerse con voluntad política, sumando alianzas y revitalizando a las instituciones que operan programas específicos en esta materias, con recursos adicionales que demuestren que salvaguardar los derechos de niñas y mujeres, es prioridad. Aprovecho para enviar una felicitación y mis mejores deseos en su encargo a la Dra. Nadine Gasman Zylberman y a la Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos, quienes desde INMUJERES y CONAVIM, respectivamente, seguramente tendrán un gran papel en este mismo sentido.

Ana